La LEY SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LAS TURBERAS (texto oficial), también conocida como “LEY POMPÓN”, fue promulgada el 26 de marzo de 2024 y publicada el 10 de abril de 2024. En resumen, esta ley prohíbe la extracción de turba, pero permite la recolección de Sphagnum. Esta ley es de gran importancia para las aproximadamente 3,2 millones de hectáreas de turberas que hay en Chile, la mayoría de ellas aún en estado prístino. Tras casi seis años de tramitación legislativa, la ley de protección de las turberas ha sufrido cambios sustanciales en su etapa final. En esencia, se ha abandonado la prohibición de la recolección de Sphagnum, incluida en el borrador original. Esto ha suscitado una gran polémica entre las organizaciones socioambientales y los políticos.
Un aspecto positivo de la ley es que desliga a las turberas de la legislación minera, lo que las protege de ser usadas para la extracción de turba. Esta actividad es una de las principales causantes de la destrucción irreversible de turberas a nivel mundial. Si bien la extracción de turba no había logrado alcanzar un nivel significativo en Chile, la concesión de permisos de extracción seguía activa en el país. Frente a ello, la ley de protección de las turberas frena la posibilidad de que la extracción de turba se convierta en un sector económico, evitando así la pérdida irreparable de estos ecosistemas en Chile.
La mayor amenaza para los paisajes y ecosistemas de turberas del sur de Chile, en gran parte intactos, es actualmente la extracción de Sphagnum magellanicum, que se ha extendido de forma incontrolada en los últimos años, ello a pesar de la normativa existente (Decreto 25).
El desarrollo de infraestructuras en el sur de Chile (entre otras parques eólicos para la producción de hidrógeno verde, infraestructuras para las salmoneras, o la construcción de líneas de alta tensión) está facilitando el acceso a zonas de turberas anteriormente aisladas, y con ello la llegada de recolectores de musgo Sphagnum. Calificar cualquier recolección como “sustentable” puede ser controvertido. En efecto, las hebras de Sphagnum que crecen en turberas del sur de Chile necesitan muchas veces bastante tiempo para alcanzar un tamaño comercialmente valioso (ca. 15 cm de largo). Actualmente las tasas de regeneración del musgo varían entre 30 a 60 años (2,5-5 mm/año en la región de Magallanes; 4 mm/año en la región de Aysén).
El principal destino para estos musgos es su exportación al sudeste asiático. Su recolección se realiza mayormente de forma irregulada en Chile, siendo además inexacto el número oficial de recolectores registrados. Esto permite la vulneración de los derechos laborales de las personas empleadas en la recolección, e incluso la explotación de poblaciones migrantes. Debido a la geografía, la resistencia a la fiscalización por parte de los propietarios y sobre todo, a la falta de medios para realizarla, es probable que la recolección de Sphagnum siga siendo incontrolable en el futuro. Si la ley hubiese prohibido la recolección, habría sido posible generar medios eficaces para fiscalizar, por ejemplo confiscando los cargamentos en los intentos de extracción y/o exportación. De este modo, evaluar si los musgos se recolectan de forma sustentable o no, seguirá siendo difícil de probar en el futuro.
En resumen, la ley finalmente aprobada fracasa en su objetivo original de proteger las turberas, teniendo en cuenta que la versión anterior, que ya había superado con éxito varias votaciones en el Parlamento, contemplaba la protección total de estos ecosistemas, integrando su cubierta vegetal y su hidrología con una visión de cuenca.
Lamentablemente, tras una campaña a favor de la recolección de musgos Sphagnum, en la que también se utilizaron datos y cifras falsas para convencer a la gente (por ejemplo, se hablaba de 10.000 familias que vivían de la recolección en la región de Los Lagos, cuando realmente había solo 1.151 recolectores registrados oficialmente en todo el país). Así, a mediados de 2022 ya no había mayoría política en el Senado para aprobar el proyecto de ley en su forma anterior. La aprobación de la ley actual también se relaciona con el empeoramiento de la situación económica en Chile tras el periodo de pandemia y con la reconversión al extractivismo por parte del gobierno de Gabriel Boric -ecologista durante su campaña. En última instancia, la ley aprobada es también un compromiso impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, para asegurar una protección mínima de las turberas y evitar la “muerte silenciosa” de la ley.
Varias organizaciones civiles de Chiloé, una isla rica en turberas y con mucha agricultura a pequeña escala, han manifestado su descontento con la versión aprobada de la ley. Los graves déficits hídricos durante los últimos veranos, han llevado al gobierno regional a declarar repetidamente “Estado de Emergencia Hídrica” en Chiloé, debiento suministrar agua mediante camiones aljibes. La evidente relación entre la pérdida de la cubierta de Sphagnum como elemento almacenador de agua en el paisaje y la escaséz de este recurso vital ha captado la atención de la sociedad civil. Tras la aprobación de la ley en el Parlamento, las organizaciones que representan a la población afectada y a la agricultura escribieron una carta abierta (carta; prensa; Instagram) pidiendo al presidente que vetara la ley en última instancia. A principios de abril de 2024 el gobierno declaró que no vetaría la ley. Iniciativas anteriores de organizaciones ecologistas, de la sociedad civil y científicas tampoco han conseguido prohibir la recolección del musgo (por ejemplo, la carta abierta de 163 organizaciones a favor de la Ley de Protección de las Turberas en su forma original, entrevista Rodolfo Iturraspe, entrevista Hans Joosten).
Esto significa que el capítulo sobre la legislación relativa a las turberas en Chile queda cerrado después de casi 6 años. La protección que la ley garantiza, dependerá en la práctica de la regulación efectiva de la cosecha de Sphagnum (§5). Dentro de unos años, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas – SBAP- dispondrá de más medios para controlar y sancionar que los que tiene actualmente el Servicio Agrícola y Ganadero – SAG.
Sin embargo, el pasado demuestra que a pesar de las leyes existentes, no se debe esperar demasiado de un Estado incapaz de priorizar en la práctica la fiscalización y la sanción de la extracción ilegal de los bienes naturales. En definitiva, la nueva ley no es una victoria para las turberas, sino un llamado a seguir trabajando por su protección efectiva.
